De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias. En la primera de las audiencias públicas convocada para este martes a las 10 se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Un día después, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023. En este marco, Guzmán remarcó la necesidad de evitar un nuevo incremento en los subsidios al sector energético, que el año pasado superaron el billón de pesos, y cuestionó “en qué país del mundo ha funcionado, para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto”. Sin embargo, no sólo funcionarios y dirigentes que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández apuntan a las subas que prevé Guzmán. Entidades gremiales y asociaciones de consumidores pidieron al ministro un “minucioso análisis” y una revisión “a fondo” de los costos de producción de gas y de generación de la energía eléctrica antes de que se defina un eventual aumento de tarifas. Los objetivos En cuanto a las actualizaciones tarifarias, para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una “corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos”, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración Cambiemos. Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales. De esta manera, el esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los ​usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior. En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur (los únicos que están regulados por el Estado Nacional), la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará 6%. Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior. En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y de 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país. Por último, la franja de 10% de ​usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético. Según estimaciones oficiales, el piso de ingreso para integrar el sector de mayor poder adquisitivo rondaría en torno a los $ 314.000. Y si bien no está claro aún cuánto pasarían a pagar en junio, se estima que una tarifa sin subsidio debería aumentar al menos un 200%. (DIB)