viernes 04 de octubre de 2024 - Edición Nº1726

Política | 27 sep 2024

Suspensión de obras en el Barrio Cumba por recorte de Nación del Impuesto PAIS: solicitan declarar inconstitucional el decreto

El impuesto PAÍS tenía como objetivo utilizar ese dinero para obras públicas a lo largo y a lo ancho del país. En este sentido, en Pehuajó, dicho dinero estaba destinado para realizar la urbanización del Barrio Cumba, algo que se realizó en el Barrio Talleres dejándolo no solo "como nuevo" sino también integrando pavimento y todos los servicios. Finalmente, al decidir desde el gobierno nacional retirar estos fondos, se suspendió la obra y ahora demandan al gobierno para declarar esta "quita" inconstitucional.


DEMANDA

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la vecina Vanesa Jaquelina Noguera, habitante del Barrio Cumba en Pehuajó, y el sacerdote Lorenzo de Vedia, promovieron una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Municipalidad de Pehuajó. La demanda, presentada el 2 de septiembre de 2024, cuestiona la constitucionalidad del Decreto 193/2024, que modificó las asignaciones específicas del Impuesto PAIS, provocando una grave afectación a los fondos destinados a la urbanización de barrios populares.

Según la parte actora, la reasignación de los recursos del Impuesto PAIS, que antes financiaban el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), desnaturaliza las leyes que promovían la integración socio-urbana de los barrios más vulnerables del país, registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). Como consecuencia, las obras de urbanización se paralizaron, afectando directamente el derecho a la vivienda, la salud y el ambiente sano de miles de personas, incluyendo los habitantes del Barrio Cumba.

El juez que intervino en la causa ordenó tramitar el caso como un proceso colectivo, dado que el reclamo afecta no solo a la amparista del Barrio Cumba, sino a todas las personas que residen en barrios populares de Argentina. También solicitó al Registro Público de Procesos Colectivos que informe sobre la existencia de otros casos similares en trámite, para evitar la duplicación de juicios y asegurar una resolución unificada.

Finalmente, se dispuso la publicación de edictos para que los miembros del grupo afectado puedan manifestar si desean quedar excluidos del proceso. La demanda busca que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 193/2024, por considerarlo violatorio de derechos constitucionales básicos, y que se restablezca el financiamiento del FISU para la reactivación de las obras de urbanización en los barrios más necesitados.

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