El planteo fue presentado en un pedido de informes ingresado en el Senado provincial con la firma de tres legisladores de Juntos por el Cambio: Felicitas Beccar Varela, Walter Lanaro y Gabino Tapia, quienes solicitaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad que informen "de qué manera van a implementar la resolución dictada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia que ordena el arresto domiciliario durante el tiempo que se extienda el aislamiento preventivo social y obligatorio determinado por el Ejecutivo nacional". DECISIÓN JUDICIAL Desde que se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus, unos mil internos fueron excarcelados con prisión domiciliaria. La decisión de la Justicia bonaerense de avanzar con la excarcelación de presos que estaban alojados en penales y que ahora cumplirán la pena con prisión domiciliaria para minimizar las chances de contagio de coronavirus viene generando una fuerte controversia. Ahora, legisladores de la oposición reclaman a la Provincia que se informe con detalle el listado de detenidos liberados y por qué delitos estaban procesados o condenados. LISTADO Concretamente, pidieron a los ministerios que aporten el listado de las personas que serán beneficiadas con el arresto domiciliario que están detenidas en cárceles, municipios y comisarías por delitos leves o sean población de riesgo, y también que se detalle el delito por el que están imputados o condenados, qué criterio se va a tomar en aquellos casos de personas imputadas o condenadas por agresiones sexuales u otras formas de violencia de género ocurridas en el ámbito doméstico o familiar, ya que consideran que “es prioritario evitar una vinculación forzada con la víctima o su familia ante una detención domiciliaria en el mismo ámbito en el que los hechos fueron cometidos”. El debate quedó instalado luego del fallo del Tribunal de Casación Penal que hizo lugar a un planteo de defensores oficiales e instó a los jueces a acelerar trámites de excarcelaciones cuando se trate de población de riesgo que además haya sido condenada o esté procesada por delitos leves contra la propiedad o estafas, entre otros. La medida apunta a aliviar la situación en los penales, donde hay superpoblación y hacinamiento. CELULARES Por otra parte, los senadores solicitaron al Ejecutivo provincial que brinde detalles sobre las medidas que adoptarán para cumplir con la resolución que autoriza el uso de celulares en las unidades penitenciarias de la Provincia en el marco de la situación de aislamiento. “Nos interesa conocer la cantidad de celulares que se encuentran registrados para ser utilizados por los detenidos y cuáles serán las medidas para evitar el uso de los no registrados”, declaró Beccar Varela. También se solicitó que se informe de qué manera se controlarán los casos de personas procesadas y/o condenadas por hechos cometidos a través de las redes sociales o dispositivos telefónicos y las garantías adoptadas para las personas que resulten víctimas de los delitos de acoso e intimidación”, remarcaron los senadores.