“Transcurriendo los primeros días del mes de abril de 2022, el Estado Nacional adeuda al sector $ 4.430 millones de pesos de los $ 9.600 millones asignados por medio del ya insuficiente Fondo Compensador del Transporte”, señalaron en un comunicado desde la FATAP, quien ya en febrero había denunciado que el Gobierno priorizaba al Área Metropolitana en la asignación de subsidios.
Según datos provistos por FATAP para el período diciembre 2021-marzo 2022 se verificó un incremento acumulado de entre el 34% y el 52% según el tipo de combustible, que lleva a las prestadoras tener que abonar un precio que supera en un 10% aquel al que las estaciones de servicios venden al público y supuso para las prestadoras del interior del país un impacto en sus costos de 1.486 millones de pesos sin compensación de ninguna especie.
“En definitiva las empresas de micro del interior del país solicitan a las autoridades el inmediato pago de las cuotas del Fondo Compensatorio del Transporte de los meses de febrero y marzo”, resumieron.
Además, solicitaron en relación al precio del gasoil que se retrotraigan los mismos al valor mayorista, se rehabiliten las condiciones de descuentos y se otorguen los cupos vigentes al 1/01/2022; y que se dispongan asistencias suplementarias para atender el incremento del costo del gasoil hasta que lo solicitado encuentre respuesta favorable.
También pidieron que la Secretaría de Transporte dicte “sin más demoras” la resolución que dote al sector de previsibilidad presupuestaria para el año 2022 respecto de los aportes nacionales al sector, “indicándose claramente en la norma la proporción que como mínimo las jurisdicciones deberán aportar en relación a los desembolsos que efectúe el Estado Nacional”.
Por último, pidieron que a efectos de afrontar el eventual acuerdo salarial, se dote al sector, mediante una resolución que así lo disponga, de los fondos nacionales y provinciales necesarios para atender los mayores costos que ello irrogue. “De lo contrario, será imposible de evitar que las prestadoras racionalicen sus insumos y recursos, adaptando la oferta de servicios a los que dispongan, con el fin de evitar, en lo inmediato, la paralización de la actividad y la pérdida de más de 33.000 puestos de trabajo a lo largo y ancho del País”, concluyeron. (DIB)