En el caso de la electricidad, el ENRE solo tiene jurisdicción sobre las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, y el ajuste será del 16,5%. En el resto del país, los entes provinciales serán los encargados de trasladar a los usuarios residenciales los incrementos decididos por la Secretaría de Energía.
La suba es correspondiente al precio estacional de la energía eléctrica (PEST), que es el costo de la luz en sí mismo. El costo de la energía es el componente más importante de las boletas. Representa casi la mitad de lo que paga cada cliente.
Las distribuidoras provinciales de electricidad también tendrán que pagar esta suba en la energía que consumen. Algunas evalúan su traspaso a los clientes, mientras que otras podrían absorber el costo, según se comenta en el sector.
“Se aplicó lo establecido en la Resolución SE N° 405/2022, por la cual la Secretaría de Energía de la Nación determinó el aumento de los precios de la energía para el Mercado Eléctrico Mayorista a nivel nacional, disponiendo la actualización del cuadro tarifario para las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, informó el ENRE.
Según el regulador, “a través de las Resoluciones ENRE N° 171 y N° 172/2022 se establecieron los cargos que deberán implementar, en sus respectivas áreas, las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica Edenor y Edesur a las personas usuarias residenciales, no residenciales y grandes usuarios. La actualización refleja la modificación estacional del precio de la energía y es independiente de los ingresos de las empresas de transporte y distribución”, según ese regulador.
“El cuadro tarifario para hogares tendrá un incremento promedio del 16,53% para aquellos que no perciban tarifa social y de un 7,7% para los que perciban dicho beneficio. Asimismo, para los usuarios comerciales el incremento promedio será del 16% y para las categorías T2 y T3 del 19%”, expresó el ENRE en un comunicado.
Por el lado del gas, el Enargas tiene jurisdicción sobre las siete distribuidoras del país (entre las que se encuentran Metrogas, Camuzzi y Naturgy). Para este servicio, el incremento promedio será de entre 18,55% y el 25% para la mayoría de los usuarios, mientras que aquellos beneficiarios de tarifa social no tendrán incrementos.
En el caso del gas, todas las concesiones dependen del Estado nacional y regulador es el Enargas. Energía le ordenó a ese organismo que eleve el precio del gas que pagan los clientes. Se trata del precio PIST, también llamado de “boca de pozo”. Es lo que abonan los usuarios por el gas en sí mismo.
El Ministerio de Economía informó la semana pasada que, tanto en gas como en electricidad, se cumplieron “estrictamente con las pautas que instruyó el ministro Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández: que las correcciones tarifarias sean inferiores a las variaciones de los ingresos de los trabajadores.
En concreto, se negoció que, quienes tienen tarifa social tendrán en sus facturas incrementos totales anuales inferiores al 40% de la variación del CVS de 2021, que equivale a 21,6%. Para el resto de los usuarios residenciales, el aumento promedio debe ser inferior al 80% de la variación del CVS de 2021, que equivale a 42,7%.
En este contexto, el secretario de Energía, Darío Martínez, indicó que esta semana se estará terminando la resolución para dar a conocer los criterios para la quita de subsidios, que, aclaró, “no es para todo el mundo”, según señaló. La segmentación tarifaria que diseñó Economía utilizará datos geográficos y socioeconómicos, según el documento oficial. (DIB)
