Quien prendió la alarma fue Víctor Palpacelli, titular de la Federación Argentina de Supermercados, que alertó del rechazo que causa la medida entre sus colegas. “Lo vemos con preocupación, por el simple hecho de que estas situaciones alejan la posibilidad de que distintas cadenas regionales se sumen al programa. Por el contrario, quienes están sumadas podrían bajarse porque se desalientan por este tipo de situaciones a las que nos exponen”, expresó. “Queremos acompañar, pero evidentemente se necesita de la seguridad de la provisión de la mercadería de parte de la industria”, sostuvo Palpacelli, quien también negó que el sector esté realizando acopio de mercadería. “Lejos está de nuestra parte la intención de acaparar y no vender”, agregó a CNN Radio, Desde la Secretaría de Comercio al mando de Matías Tombolini aclararon que el trabajo de camioneros y militantes “de ninguna manera son una autoridad de aplicación” del programa”. La principal tarea consiste en colaborar denunciando ante Defensa del Consumidor, mediante la aplicación. En ese punto, Pablo Moyano había afirmado que desde el Gobierno les habían pedido “una colaboración” a camioneros para poder chequear que las cadenas de supermercados hagan llegar los productos a las góndolas. El acuerdo firmado de Precios Justos es hasta fines de febrero, pero ya se negocia extenderlo por unos meses más e incluso hasta fin de año. Incluye a más de 10 sectores (no solo el alimenticio, sino también el textil, el calzado, higiene y limpieza), 358 empresas, 12 cámaras y la intervención de sindicatos. “Estamos en una situación en la que somos el último actor de la cadena de comercialización antes del consumidor y lo que necesitamos es vender, y recuperar esas unidades”, indicó Palpacelli. Y añadió: “Las cadenas regionales garantizan que haya participación federal en estos programas en todo el país. Lo que se debería hacer es incentivar la participación y con estas medidas lo que se hace es desalentar que diferentes cadenas se sumen al programa”. (DIB)