Dirigentes agropecuarios de la Federación Agraria Argentina (FAA) viajaron este martes hasta Buenos Aires para entregarle al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, un plan de salvataje para los pequeños y medianos productores afectados por la sequía.
La propuesta de FAA incluye medidas de alivio fiscal inmediato, con vigencia hasta el 30 de junio de 2024. Los productores piden: exención de anticipos de Ganancias en el período 2023/2024, suspensión de retenciones por IVA, exención del Impuesto sobre Créditos y Débitos, suspensión y levantamiento de juicios de ejecución y de los bloqueos de cuentas corrientes de productores.
Además, en materia de financiamiento reclaman un plan de salvataje para pequeños y medianos productores, créditos a tasa cero para reactivar la producción y eliminación de la resolución 7720 del Banco Central (BCRA) que encareció las tasas de crédito por tenencia de grano.
“Necesitamos respuesta urgente con respecto al salvataje, que es lo primordial para que el productor pueda seguir en la actividad”, dijo el presidente de la Federación, Carlos Achetoni en diálogo con la prensa tras la reunión. En este sentido, detalló que “el salvataje” solicitado consiste “en un dinero que se aportaría por hectárea hasta 300 hectáreas”.
“En el caso de la Pampa Húmeda, $150.000 por hectárea a todo productor que esté en emergencia y desastre. En el caso de la ganadería y de los tambos, es hasta 300 animales y $100.000 por cabeza de ganado y para las economías regionales, $300.000 por hectárea”, puntualizó.
“Año a año venimos viendo que 5.000 productores salen del circuito productivo. Si no hay salvataje, estamos estimando que este año puede haber una desaparición masiva que lamentablemente puede rondar una cifra mucho mayor de hasta 30.000 productores”, advirtió Achetoni.
Para el dirigente agropecuario, los anuncios de ayuda realizados por el Gobierno para productores afectados por la sequía, como también la puesta en marcha del dólar agro, que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales, “es muy insuficiente y está hecho a la medida de un productor que no está en problemas, que tiene buena carpeta, buena espalda, buena estructura y no hacia el pequeño y mediano productor”.
El lunes, con el decreto 193, el Gobierno se fijó que los productores en zonas declaradas en emergencia o desastre agropecuario podrán acceder de manera automática a varios beneficios, entre los que se cuentan, según informó el Gobierno, la suspensión hasta el próximo ciclo productivo de la iniciación de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares, la suspensión del ingreso de los anticipos correspondientes a los impuestos a las Ganancias y/o sobre los Bienes Personales y/o del fondo para la educación y promoción cooperativa, cuyos vencimientos hubieran sido fijados entre el 1° de febrero de 2023, inclusive, y la fecha de finalización del período de vigencia del estado de emergencia y/o desastre.
Además, se les otorga de manera automática “el diferimiento hasta la finalización del ciclo productivo siguiente del vencimiento de las obligaciones de pago de declaraciones juradas alcanzadas por el estado de que se trata, correspondientes a los impuestos a las ganancias -excluido el impuesto cedular previsto en el Capítulo II del Título IV de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificatorias- y/o sobre los bienes personales y/o fondo para educación y promoción cooperativa”.
Por otra parte, podrán deducir en el balance impositivo del impuesto a las Ganancias el 100% de los beneficios derivados de la venta forzosa de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina. (DIB)
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