Cuando Guillermo Canillas pagó el rescate de 1000 pesos, todo lo que pudieron juntar en época del corralito, sintió que dio un paso importante para la liberación de su hijo. Así lo pensó la familia en su casa del barrio de Núñez. Sin embargo, a unas cuadras de allí, ya en el partido bonaerense de Vicente López, a Juan Manuel lo obligaban a bajar de su Honda Civic y tras ponerlo de rodillas lo asesinaron de un balazo en la espalda.

El caso, el primer “secuestro extorsivo en democracia” en la provincia de Buenos Aires, ocurrió en una fría tarde del 12 de julio de 2002. Cuando Juan Manuel se retiraba a bordo de su auto del local de venta de instrumental y prótesis ortopédicas que su familia tiene en el barrio porteño de Once, los “Secuestradores Vip” se cruzaron en su camino y se subieron por la fuerza al Honda Civic. Dicha banda delictiva era conocida así porque sus miembros vivían en dos countries de la zona del Gran Buenos Aires, tenían gran cantidad de celulares y se movilizaban en lujosas camionetas 4×4.

El modus operandi de la organización criminal era siempre el mismo: interceptaban a las víctimas en sus autos, les robaban las pertenencias y las llevaban a recorrer cajeros, pero si allí no obtenían dinero, los obligaban a ir a sus propios domicilios a juntar elementos de valor o hacían llamar a un familiar para que pagara un rescate. Con ese dinero después compraban camionetas con los que hacían los atracos.

Al joven lo obligaron a continuar viaje hasta Núñez y le exigieron que llamara a su casa para que vayan juntando dinero. Cuando los tres delincuentes con Juan Manuel llegaron en el vehículo, el padre los esperaba en la puerta de su chalet con 300 pesos. Eso estaba lejos de lo que querían los secuestradores, que se enojaron, por lo que le pegaron al hombre con un arma en la cara y le destrozaron los anteojos del golpe.

Desesperado, Guillermo juntó otros 700 pesos y tras dárselos a los captores, estos escaparon. Pero con el adolescente como rehén. Si bien le prometieron liberarlo, un vecino del barrio lo encontró a pocas cuadras con un balazo en la espalda. Lo habían ejecutado.

Juicio y condena

El de Canillas fue el primer secuestrado que terminó asesinado de una seguidilla que en esos años luego continuó con otras víctimas como Diego Peralta y Axel Blumberg.

Recién en septiembre de 2004, Raúl “Chirola” Monti, que ejercía la voz de mando en la banda, se sentó en el banquillo de los acusados. Los testigos lo tenían marcado tanto a él como a sus dos cómplices, Franco Gasperotti y Maximiliano Pico, quienes recién fueron juzgados en 2008.

Monti fue sentenciado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Isidro a la pena máxima del Código Penal: “reclusión perpetua, más la accesoria por tiempo indeterminado”. Fue la misma que mantiene encarcelado desde 1972 al máximo asesino serial de la historia criminal argentina, Carlos Robledo Puch. Además, en otro juicio por diversos secuestros exprés, sumó una condena de 20 años de prisión.

Una huella dactilar del acusado, encontrada en el estéreo del auto de la víctima, más el relato de dos testigos de identidad reservada, fueron las pruebas clave para avanzar en el caso y llevar antes los magistrados a “Chirola”.

El segundo proceso fue el 28 de octubre de 2008. En ese caso, el TOC 1 de San Isidro condenó a prisión perpetua a Gasperotti y a Pico. Para este último personaje, una de las pruebas “clave” en su contra fue que el padre de la víctima lo reconoció en rueda de presos.

Tanto para el primero como para el segundo juicio, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las penas. Y los tres integrantes de la banda siguieron sus días tras las rejas. En el caso de Pico, fue asesinado a “facazos” a fines de 2015 en la Alcaidía Penitenciaria de Junín, en una “pelea, riña” carcelaria.

Marta Canillas, en tanto, canalizó parte de su sufrimiento junto a otras mujeres con la fundación de la Asociación Civil Madres del Dolor, organización que tiene la finalidad de promover y consolidar la prestación de justicia, brindar servicios de asistencia y constituir un foro de defensa de los derechos y la seguridad ciudadana.

Fuente: (DIB) FD